El gobierno nacional acaba de lanzar el programa “Precios Justos Carne”, en un nuevo intento de disfrazar la realidad con medidas populistas de reconocido fracaso en el pasado y que no traerán aparejado mejoras de ningún tipo para los extremos de la cadena, ya que no se verán beneficiados ni los consumidores ni los productores.
Se trata simplemente de un nuevo maquillaje a una política económica inexistente que siempre busca un culpable para sus errores. En este caso son nuevamente los productores los que quedan en el ojo de la tormenta cuando es sabido que no intervienen en el valor de la hacienda, o sea, no son formadores de precio ni siquiera del ganado vivo que producen, muchos menos del precio final de la carne en el mostrador.
Este “acuerdo” significa un enorme negocio para los frigoríficos exportadores que llenarán las góndolas de los supermercados más grandes de la Argentina con cortes de baja calidad que resultan prácticamente invendibles. Justamente, que dichos cortes sean de vaca o grasos en un nivel extremo, sumado a que son convenios a la medida de las grandes cadenas, imposibilitarán que esa carne llegue a las carnicerías de los barrios.
Si bien el productor ganadero no es formador de precio, es una realidad que durante 2022 la hacienda en pie aumentó un 45 %, quedando muy retrasada con respecto a una inflación que llegó al 95 %. Aún con esos números concretos, hoy se intenta demonizar al productor, sin tener la más mínima noción de la cadena de producción y sus eslabones. Buscar en el productor y al campo a los responsables de la espiral inflacionaria es una cortina de humo repetida y mendaz que ya aburre.