Las entidades nucleadas en FARER analizaron las alternativas judiciales para rechazar normativas que prohíben el uso de productos fitosanitarios aprobados y de uso autorizado por los organismos nacionales de control. Cuestionan las medidas y piden que se fije desde el gobierno el perfil productivo de la provincia.
En el marco de la reunión de FARER, tras un extenso debate, se acordó avanzar en las alternativas judiciales para rechazar las ordenanzas municipales que prohíben el uso en los ejidos de productos fitosanitarios aprobados y de uso autorizado por los organismos nacionales de control. Las mismas provocan que numerosos productores queden excluídos del sistema productivo y comercios deban cerrar sus puertas por estas limitantes.
Cuestionan por otra parte la ausencia de opinión del gobierno provincial, sobre las alternativas que se pueden plantear y el perfil que se pretende de la provincia en cuanto a las actividades relacionadas con el agro.
En ese marco se coincidió en avanzar junto a las entidades de la Mesa de Enlace de la provincia en una estrategia conjunta, al margen de los recursos de amparo individuales que realizarán los damnificados.
