La audiencia pública para la presentación del “Plan de Manejo de la Reserva de Usos Múltiples (RUM) del Humedal e Islas de Victoria”, es la instancia final de un proyecto que arrancó en 2020, en paralelo con la presentación de diversos proyectos sobre una “Ley de presupuestos mínimos de los humedales”, presionado por los graves incendios en la zona insular del departamento Victoria, que, luego de una gran participación y fundamentación quedaron estancados hasta hoy.

No sucedió lo mismo con el proyecto del “Área Natural Protegida como reserva de usos múltiples (RUM) de los humedales e islas de Victoria”: el proceso siguió adelante, la provincia delegó en el municipio el desarrollo del ordenamiento territorial del mismo y la definición de su plan de manejo. El Concejo Deliberante conformó un Comité al respecto y se firmó un acuerdo para la coordinación del proceso con la Fundación Humedales – Wetlands International uno de los actores participantes en la Cámara de Diputados de la Nación en los proyectos de ley de humedales más conflictivos.

Dicha audiencia pública, que es una actividad obligatoria no vinculante, es la última instancia del proceso y está orientada en este caso a sumar a las normativas vigentes el “Plan de manejo”, que establece conceptos, definiciones y parámetros contradictorios desde nuestra mirada, que se tomarán como letra sacrosanta y hoja de ruta en esta cruzada ambientalista contra la producción sustentable de agroalimentos.

En ese marco, el 22 de junio pasado, el director provincial de Áreas Naturales Protegidas y algunos miembros del Comité de Ordenamiento Territorial del Municipio de Victoria, presentaron el documento final del “Plan de Manejo para el RUM Victoria”.

En el momento de la presentación de ponencias, varias instituciones advirtieron la poca incorporación de gran parte de las posturas y/o aportes que se hicieron verbalmente en algunos de los talleres en que se participó y/o que además se enviaron por vías administrativas. Entre ellos, inconsistencias como el caso concreto de errores a la hora de tomar los límites del Departamento Victoria; la línea divisoria entre área insular y área continental, como correspondientes al área natural protegida RUM Victoria; entre otras.

Otro grave error radica en que, según la ley, los planes de manejo de un área natural protegida deben ser confeccionados por una consultora inscripta en el registro provincial correspondiente y cumplimentar una serie exhaustiva de condiciones. En ese sentido, la ONG Wetlands International -cuestionada por su accionar en proyectos vinculados a la explotación de humedales- no figura en el registro de consultores y la única inscripta en el registro como consultor de este proyecto en la provincia resulta incompatible.

Por último, cabe consignar que la gran mayoría de los asistentes a la presentación realizada en el Cine Teatro Victoria el jueves 22 de junio no estuvo de acuerdo con el texto en particular del documento final expuesto. Involucramos aquí no solamente a quienes participamos desde la producción, sino también pobladores isleños, quienes se dedican a la caza y pesca comercial y las ONG Ambientalistas. Sobre todo, y en eso hubo unanimidad en la crítica, por no haber incorporado un gran número de opiniones, propuestas y pedidos de corrección.

En síntesis, desde la Sociedad Rural de Victoria, la Comunidad Islera Asociación Civil y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, entendemos que la presentación realizada tiene serias incongruencias y no respeta la voluntad de los participantes, ya que:

• No siguió lo normado en relación a las competencias de los consultores.
• Obtuvo el rechazo de pobladores y productores.
• Se le quiso dar un tinte participativo, pero a pesar de las reuniones y talleres no se reflejaron los aspectos propuestos en el texto final.
• No se respeta el límite establecido por la ley 8855.
• Las limitaciones y prohibiciones establecidas exceden el criterio de una Reserva de Usos Múltiples.
• Impide el desarrollo y el empleo de técnicas modernas.
• Prohíbe el mantenimiento de la infraestructura de caminos existentes

En definitiva, el documento elaborado resulta pobre, controversial y sin los consensos necesarios. De este modo, no termina siendo un proceso participativo como indica la legislación vigente y resulta un documento político que no representa la problemática, ni las opiniones vertidas por los protagonistas.